"Los avances tecnológicos van generando nuevas posibilidades de desarrollo para las personas, pero desgraciadamente también a los delincuentes", aseguró el legislador.
La delincuencia ha sido protagonista de nuevos términos los últimos años: sabotaje, espionaje informático, interceptación ilícita, falsificación, fraude digital, abuso de dispositivos. Son conceptos que la legislación chilena también está adoptando, para poder responder mejor desde lo penal a una triste externalidad de las nuevas tecnologías.
Así lo sostuvo el disputado Bernardo Berger, quien agregó que "los avances tecnológicos van generando nuevas posibilidades de desarrollo para las personas, pero desgraciadamente también a los delincuentes".
"Basta ver lo que ha sucedido durante la crisis sanitaria por Covid, periodo en que los delitos asociados al uso de internet han aumentado, como la vulneración de cuentas bancarias o la publicación de artículos en redes sociales con la sola finalidad de defraudar", indicó.
"De ahí que cobra importancia el proyecto de ley del Ejecutivo ingresado en 2018, que pasó a su tercer trámite luego que en la Cámara Baja aprobáramos su texto, que mediante la derogación de la ley 19.223 del año 1993, la reemplaza por una nueva de rango especial, con normas penales y procesales actualizadas para dejarla a tono con el Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, conocido como el Convenio de Budapest, al que adscribió el país en 2017".
A juicio del legislador de ChileVamos, contar con "un nuevo marco normativo sobre delitos informáticos y ciberseguridad, especializado, actualizado, con conceptos, metodologías y normas validadas internacionalmente, es una urgencia innegable. De ahí que legislar en estas materias no sólo da en el clavo para poner atajo al cibercrimen, sino que además lo hace incorporando para ello los contenidos del Convenio de Budapest, que en lo consensual es lo más avanzando en el mundo en este tema".
"La necesidad es clara: Según datos de la especialista en ciber-seguridad Novared, en 2019 el aumento de delitos informáticos era de un 74% respecto del año anterior. En tanto, las limitaciones presenciales de la alerta sanitaria por Covid-19 han significado en los últimos 12 meses, un crecimiento del 214% del E-Commerce según la Cámara de Comercio de Santiago, con los consiguientes riesgos de exponerse a algún tipo de delito informático".
Ratificado por 60 estados, el Convenio de Budapest es el primer tratado internacional sobre delitos digitales. Elaborado por expertos del Consejo de Europa y especialistas Estados Unidos, Canadá y Japón, busca desarrollar de una política criminal, penal y procesal, común frente a la ciberdelincuencia, y un sistema rápido y eficaz de cooperación internacional.
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