Ataques incendiarios en Los Ríos, ¿una nueva zona roja?

Para el alcalde de La Unión, los responsables del "sabotaje" son externos a la región, mientras que el senador Flores apunta a "unos cuantos descuadrados". Desde Punucapa, una víctima asegura que los reales afectados no son las forestales.

El conflicto enciende alarmas y distintas miradas. Para el alcalde de La Unión, los responsables del "sabotaje" son externos a la región, mientras que el senador Flores apunta a "unos cuantos descuadrados". Desde Punucapa, una víctima asegura que los reales afectados no son las forestales. 

Por Mario Guarda

Nueve atentados incendiarios se han registrado en la Región de Los Ríos en lo que va del año, afectando principalmente a contratistas forestales, y dejando un millonario monto en pérdidas materiales. 

La cifra se acerca al total que se registró en todo 2021, año en que se reportaron 11 atentados de este tipo en la región.

Uno de los ataques más recientes fue el que afectó a la empresa Áridos del Sur, en la comuna de Máfil, la madrugada del 17 de julio, donde desconocidos quemaron 19 camiones, maquinaria y una camioneta, junto con una segunda camioneta robada, además de encañonar y amenazar a los dueños de la empresa y a un guardia.

La situación, que pareciera ir en aumento ante los últimos hechos, ha sido vinculada a reivindicaciones mapuche, en ocasiones debido a que se han encontrado panfletos y lienzos alusivos a la liberación del Wallmapu y el retiro de las forestales de territorios reclamados por el pueblo mapuche. 

Diversas voces en el ámbito regional han expresado su preocupación ante la similitud de estos atentados con los que ocurren en el Biobío y La Araucanía.

Grupo DiarioSur conversó con distintos actores políticos para revisar la situación en la Región de Los Ríos y buscar dilucidar si se trata de una nueva zona roja del conflicto mapuche en la zona sur de Chile.

¿Violencia en escalada?

En la noche del jueves 4 de agosto, en la Ruta T-340, camino a Punucapa, resultaron siniestrados tres cabezales procesadores, un rodillo, un skidder y una retroexcavadora al interior de un predio, todo muy cerca de la ciudad de Valdivia.

El propietario de estas maquinarias es Marcelo Maruri, prestador de servicio de cosecha forestal, quien se encontraba desarrollando dichas faenas en el predio particular.

“Hemos sufrido dos atentados en esa misma zona pero con distanciamiento de tres años uno de otro”, asegura en entrevista con Grupo DiarioSur. En el lugar quedaron dos cartones que contenían consignas referentes a los presos políticos mapuche y en contra de las empresas forestales.

“La primera vez cuando quemaron allá, a 500 metros de donde quemaron ahora, dejaron un lienzo y escritos que era por el aniversario de la muerte de Catrillanca”, señala Maruri.

Precisamente, el 14 de noviembre de 2019 se registró en el lugar la quema de una taladora y una extractora, un año después de la muerte del comunero Camilo Catrillanca en la comunidad de Temucuicui, en la Araucanía.

Desde la Delegación Presidencial de la Región de Los Ríos, se ingresó una querella por el delito de incendio, contra todos quienes resulten responsables. 

“La seguridad es un derecho de la ciudadanía, de las personas y por lo tanto como Gobierno debemos utilizar todas las herramientas que el Estado de Derecho nos proporciona para garantizar la seguridad de las personas, los territorios”, afirma la autoridad regional a Grupo DiarioSur.

Otras voces han hecho saber su alarma frente al clima de inseguridad que, aseguran, se ha generado en la región a raíz de estas acciones delictuales.

“Hay que revisar las cifras de los últimos años y nos damos cuenta con facilidad que la delincuencia en general, los actos violentos y el terrorismo en particular, vienen creciendo casi sin freno, tenemos una escalada de actos violentos que suben cada vez más en número y en gravedad”, sostiene el senador Iván Flores en conversación con Grupo DiarioSur.

“Ante esto ni el gobierno pasado, ni el anterior, ni este han sido capaces de enfrentarlo, no solamente con decisión sino que además con la calidad que se requiere en términos de presupuesto, recursos de funcionamiento, recursos humanos”, apunta el parlamentario de la región.

Violencia rural

¿Quiénes están detrás de los ataques incendiarios?¿Cuál es el interés en crear un clima de inseguridad en la región?

Al respecto, la delegada presidencial de Los Ríos aclara que la persecución penal no le compete al Gobierno sino al Ministerio Público.

“Tenemos que proveer el fortalecimiento y el mejoramiento de las condiciones para que la Fiscalía pueda realizar una mejor persecución penal, dotándola de todos los equipamientos que sean necesarios para ello, y ese es el norte en el que estamos trabajando”, explica Peña.

Y reitera: “No nos corresponde indicar hipótesis o certezas”, en cuanto a señalar responsables de los atentados.

Por su parte, el alcalde de La Unión, Juan Andrés Reinoso, tiene una apreciación clara sobre las manos tras los delitos que han ocurrido en su comuna. 

“Lamentablemente estos actos de sabotaje, creo yo que son personas externas a la región, por antecedentes que tiene la policía y como hemos recogido también de los vecinos afectados”, afirma a Grupo DiarioSur.

Reinoso agrega que dentro de su labor alcaldicia, en el contacto que mantiene con las comunidades mapuche de la zona, estas rechazan las acciones violentas.

“Ellos repudian este tipo de atentados, lo han hecho saber, hemos tenido reuniones con los dirigentes de nuestros pueblos originarios y ellos repudian todo este tipo de atentados, si bien es cierto tienen demandas de territorio”, explica.

En este contexto, Marcelo Maruri, blanco de estos ataques en dos oportunidades, indica que no tiene una confirmación de quiénes son los autores ni cuales son sus objetivos, siendo el único indicio las consignas encontradas en el lugar tras los atentados.

“Siempre reclaman que ‘fuera las forestales’, que les entreguen sus territorios, pero este territorio es de un privado, no es una forestal, porque normalmente las forestales que se sacan a colación son Arauco y Mininco, en este caso es de un privado que lleva, no sé, un montón de años en el sector”, comenta.

“Obviamente antes que llegaran (los actuales propietarios) tiene que haber sido de otra persona y más atrás tiene que haber sido a lo mejor territorio de algún pueblo originario, como todo el resto del país, eso está claro”, manifiesta Maruri.

En tanto, el senador de Los Ríos, Iván Flores, va sin rodeos: “No se puede achacar el pueblo mapuche lo que hacen unos cuántos descuadrados, como son la gente que está alrededor del señor Llaitul y otros como también un señor que estaba instalándose en Máfil, entonces son cosas completamente distintas”.

“Las reivindicaciones del pueblo mapuche, que por lo demás considero que tienen buena parte de necesaria justicia, no tienen nada que ver con la escalada de algunos actos violentos”, reafirma.

Ante este panorama, Salvador Millaleo, abogado, y docente universitario, es puntual al definir responsables ante esta serie de hechos al sur de La Araucanía.

“Lamentablemente era predecible que se empiecen a expandir hacia la Región de Los Ríos y la Región de Los Lagos, en la medida que los grupos radicalizados están desarrollando una estrategia que no tiene límites o contrapesos efectivos de parte del sistema político chileno”, asegura Millaleo.

Amenazas de Llaitul y la CAM

Millaleo relaciona de forma directa los hechos de violencia rural en Los Ríos con la situación que ocurre hace años en La Araucanía.

“Por ahora está en el tema forestal, pero por lo que hemos visto en La Araucanía y en la provincia de Arauco eso se puede expandir a situaciones que pueden ser cada vez más peligrosas para la vida de las personas, más allá de las maquinarias”, advierte sobre la situación de Los Ríos.

En tanto, Iván Flores afirma que los actos de violencia van en aumento. 

“Hay gente que se encarga de amenazar, que se encargan de decir públicamente sin que no le pase nada, como el señor Llaitul, de que están preparando reivindicaciones que se hacen por la vía violenta y que la vía armada es una vía lícita”, apunta.

Flores llama a poner atención a esta última afirmación de Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), recientemente detenido bajo la Ley de Seguridad del Estado, quien en mayo de este año llamó a “organizar la resistencia armada por la autonomía del territorio y autonomía para la nación mapuche”, en respuesta a la idea del Gobierno de militarizar la zona.

“Mire la contradicción, la vía armada una vía lícita. No puede haber algo más ilegal que la vía armada en un país de Estado de Derecho, y no pasa nada”, advierte el parlamentario

Y agrega: “Me preocupa mucho que nos vayamos por las ramas y la violencia y el terrorismo no se ataque con decisión”.

Cabe destacar que las declaraciones del senador Flores se produjeron antes de la detención de Héctor Llaitul, ocurrida el miércoles 24 de agosto en la comuna de Cañete, región del Biobío.

La detención de Llaitul causó revuelo nacional, dada la notoriedad de sus acciones y la posterior filtración de conversaciones entre una asesora de la ahora exministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, y el cabecilla de la CAM, generando la salida de la titular de la cartera.

En este contexto, la Delegación Presidencial de los Ríos, desde que asumió el nuevo Gobierno en marzo del presente año, ha presentado 10 querellas por distintas acciones violentas, en su mayoría delitos de incendio, siendo el último de ellos el ocurrido la noche del 18 de agosto en el fundo Las Trancas, de La Unión, cercano a Cunco Mashue, donde se instalará un retén provisorio.

En este caso la querella fue por incendio, robo con intimidación, porte ilegal de arma de fuego y disparos injustificados.

Frente al alcance de la violencia rural y cómo está afectando a la zona de Los Ríos, el abogado Salvador Millaleo, analiza el origen del fenómeno.

"El repetido fracaso del Estado, la inconsistencia en sus políticas indígenas le da un piso a estos grupos para sentirse más fuertes, y en la medida que se sientan más fuertes ellos prefieren apostar por una mayor radicalización antes que sentarse a conversar. O sea, las políticas indígenas han carecido de consistencia en los últimos 10 años con toda claridad”, opina.

También aborda cómo -según su punto de vista- desde la sociedad chilena se mira esta problemática: por un lado quienes justifican las acciones violentas, y por otro quienes creen que la mano dura es la única solución para frenarlos.

“Hay ciertos sectores que miran la violencia sin tomar la dimensión terrible que tiene, que la romantizan quizás, y esos sectores no hacen una división de aguas tajante como la que se debería hacer con estos grupos”, expresa.

“Y también hay otros sectores que miran este tema solo como algo de seguridad, de criminalidad y apuestan únicamente a la mano dura, pero la mano dura la verdad ha probado ser bastante ineficaz a la hora de poner coto”, subraya.

Y complementa mencionando que “aquí se necesita una combinación democrática entre un proceso político y medidas eficaces de seguridad”.

Mayores medidas de seguridad

Posterior a la resolución del Gobierno de no aplicar Estado de Excepción en Los Ríos, medida que era esperada por diversos sectores políticos, productivos y de la ciudadanía, se comunicó un compromiso de aumentar la seguridad pública en la región.

Al respecto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, expresó que las autoridades políticas de la región querían dicha medida de seguridad. 

“Pero les hemos planteado y ellos están de acuerdo en eso, iniciar una etapa previa a cualquier decisión respecto de un Estado de Excepción, es decir, mejorar condiciones de seguridad de manera previa”, declaró a la prensa nacional.

En esa línea, Monsalve concretó una visita a la región el 17 de agosto, anunciando una serie de medidas y una millonaria inversión en seguridad para Los Ríos.

“Cuando visita nuestra región el subsecretario Monsalve, plantea una serie de medidas a implementar, las cuales se han ido instalando y cumpliendo de manera muy eficiente, y nosotros nos hemos preocupado desde la delegación que eso así sea”, asegura la delegada Paola Peña a Grupo DiarioSur.

En concreto, Peña explica que ya se han instalado tres puntos de control en distintos sectores de la Ruta 5 Sur. “Para lo cual también provino un contingente de carabineros de la Escuela de Suboficiales a reforzar esos puntos de control”, dice la delegada.

El anuncio del subsecretario de Interior, específica que se dispondrán 30 funcionarios de carabineros para reforzar tres puntos de control fijos, y 12 rotativos, además de la llegada de vehículos y equipos para apoyar la fiscalización policial.

Así también, Peña anunció que se avanzará en “mejorar las condiciones de tecnología para poder realizar y garantizar espacios de seguridad, permite también y favorece la persecución penal de estos delitos”. 

Dentro de estos avances se encuentra la instalación, en la Ruta 5 Sur, de cámaras antivandálicas, con visión nocturna y alcance de 360º.

Juan Andrés Reinoso, alcalde de La Unión, se muestra satisfecho con los avances comprometidos por el Gobierno. “Habrá mayor dotación de carabineros a la provincia del Ranco y específicamente a la comuna de La Unión”, detalla a Grupo DiarioSur.

“Se va a reponer el retén Cunco Mashue, que está en el sector de Las Trancas, donde antiguamente hubo un retén pero posteriormente por un tema infraestructura, que ya había cumplido su ciclo, estos carabineros se trasladaron a la comisaría de La Unión y hoy día se van implementar container en un sector que fue donado por vecinos, y posteriormente en un plazo no más allá de un año van a reponer este retén”, explica.

Estas y otras medidas contenidas en el plan de seguridad gubernamental, significan una inversión de 1.850 millones de pesos. Aparte, la Delegación Presidencial concreta apoyo a las víctimas de los atentados a través de distintas acciones y programas.

Pero no todos están conformes con este paquete de medidas. Quien no oculta su desconfianza frente al anuncio es el senador Iván Flores. 

“Todos los años del Grupo de Instrucción de Valdivia egresan 120 carabineros, incluso más, pero resulta que ninguno o muy pocos se quedan en la región, entonces ojo con eso. Que aumenten en 30 carabineros cuando no sabemos cuántos se han retirado de la institución, que son muchos a nivel nacional, a mí no me dice nada”, advierte.

Y enfatiza: “Aquí están diciendo que van a haber 1.800 millones y quiero saber si eso son platas nuevas, frescas, o son parte de lo que ya se ha venido ejecutando, las compras que ya han habido”.

Incertidumbre

“Esperemos que no se repitan”, expresaba el alcalde de La Unión, Juan Andrés Reinoso, respecto a las acciones violentas, tan solo horas antes del último atentado en el sector de Las Trancas. Aún así muestra confianza en los anuncios gubernamentales.

“Carabineros está con una dotación mayor de personal, también la PDI desplazada en diferentes puntos de la comuna de La Unión con personal de civil, tratando de hacer trabajo de inteligencia”, menciona entre otras medidas, además de aclarar quienes son los más perjudicados con la violencia rural.

“Las forestales no pierden, quien pierde es el que está prestando un servicio, que generalmente son personas particulares que a través de los años en su vida han logrado tener un patrimonio y de la noche a la mañana lamentablemente lo pierden, y muchos de ellos ni siquiera tienen algún tipo de seguro comprometido, entonces ante eso el Gobierno tiene que reaccionar”, enfatiza el jefe comunal de La Unión.

Uno de esos prestadores de servicios es Marcelo Maruri, quien no tiene mayores expectativas: “No me cabe ninguna duda que si uno vuelve al sector, es muy posible que a la vuelta de un tiempo le vuelvan a quemar”.

“Hay intenciones de volver pero no sé cuando y en qué condiciones, porque el problema es que si no se brinda la seguridad o la tranquilidad de poder volver, no sé si se va a poder hacer”, enfatiza Maruri, agregando que tiene alrededor de 40 trabajadores cuya fuente laboral peligra.

También revela que no todas las máquinas perdidas contaban con seguro comprometido, es más, el valor de los seguros sube en forma extraordinaria a raíz del mismo clima de inseguridad que se ha generado.

“Los seguros están extremadamente caros por la cantidad de eventos que han habido a lo largo del país, entonces un seguro ahora está tres o cuatro veces más caro de lo que costaban y son casi prohibitivos tenerlos”, advierte.

Por su parte, Flores afirma que ya no son solo maquinarias forestales las atacadas, también han quemado maquinaria de empresas constructoras. 

“Pregunten a las comunidades mapuche de Los Pellines, Bonifacio, Curiñanco, Pilolcura, que todavía no se puede asfaltar el camino porque la empresa se fue, sencillamente porque le quemaron las máquinas. Las comunidades mapuche también son dañadas”, asegura el senador.

Una suma de factores

Salvador Millaleo dice estar convencido de que “en un conflicto como este, el tema de seguridad no alcanza", y plantea que "aquí hay varios elementos bien complejos”. 

Bajo su punto de vista, la medida de Estado de Excepción realmente no está logrando terminar con el problema de la violencia donde se aplica. 

“Las medidas de seguridad requieren sustento y apoyo en el mundo social, y se requiere reiniciar la vía del diálogo político, ha sido una promesa del Gobierno y por ahora no hemos visto resultados en eso”, sostiene.

Aún así, el abogado dice que se debe reconocer la escala que el problema está tomando, que -asegura- tiene que ver con los posibles financiamientos de estos grupos radicalizados, recursos que bien pueden provenir de grupos de crimen organizado. 

“Esto requiere de una acción de seguridad pero con inteligencia, con respaldo, que desbarate estas bandas de crimen organizado que puedan estar con algún tipo de contacto con grupos radicalizados”, afirma Millaleo.

“Pero esto no va a funcionar si estos grupos no pierden la legitimidad que puedan tener, y en la medida que invocan la causa mapuche están invocando algo que les da legitimidad”, advierte, y apunta también a elementos históricos y sociales en territorio mapuche.

“Tanto en la región de Los Ríos, en Los Lagos, como en La Araucanía y en todo el Ngulumapu, que es la parte chilena del Wallmapu, hay situaciones de tremenda inequidad hacia las comunidades indígenas, postergación y exclusión, y por lo tanto mientras el país o las regiones no pueda abordar políticamente eso, no se va a cortar la legitimidad que pretendan estos grupos radicalizados”, sentencia.

Entonces, ¿cuál podría ser una eventual vía de solución? Millaleo piensa que el Estado debe desarrollar dos acciones simultáneas “sin que una destruya la posibilidad de la otra”.

“Hacer medidas de seguridad efectivas que puedan desbaratar estos apoyos, estas bandas de crimen organizado que puedan estar vinculadas a esto, pero también se les debe quitar toda posible legitimidad, en el sentido que el Estado tiene que generar un proceso de diálogo con las comunidades para que sean las mismas comunidades las que les cierren la puerta a estos grupos”, explica.

En tanto, el alcalde de La Unión pide no olvidar las otras problemáticas que aquejan a los sectores rurales. En su opinión, reforzar la seguridad en la región “es una buena medida, pero no solamente hay que quedarse en el tema de seguridad”.

“Somos una comuna que tiene 40.000 habitantes, sobre dos mil kilómetros cuadrados y un camión tolva, ¿Cómo llegas a darle una solución a un adulto mayor que vive en la punta del cerro y tengo que llevarle agua?”, pregunta el alcalde.

“Por qué digo esto, porque los temas son más globales, no solamente un tema hoy día de los atentados si bien es cierto esto activa las alarmas”, dice Reinoso. 

“Otro tema es poder conectar a todas nuestras comunidades, a todos nuestros vecinos del sector rural, porque hoy día si no puedes llegar a entregar algo a un vecino porque no tienes las condiciones de caminos, también estás vulnerando derechos, estás creando una molestia, entonces nosotros tenemos que trabajar en eso”, indica.

“Nosotros planteamos esto al gobernador y también al subsecretario y a la ministra del Interior, para que haya una mayor bajada de recursos y descentralizar de alguna manera, porque los problemas que tiene Santiago no son los mismos problemas que tiene La Unión”, concluye.

Asimismo, la Delegación Presidencial asegura que está asumiendo un trabajo intersectorial en conjunto con las comunidades indígenas de la región. 

“Nosotros estamos desarrollando trabajos e incluso mesas de trabajo técnicas donde abordamos las distintas problemáticas, que desde una línea de trabajo está asociada a los procedimientos de reivindicación de tierras”, dice la delegada Peña.

Junto a lo anterior, expresa que han dado énfasis al trabajo de Conadi, en especial por una situación denunciada que implica procesos detenidos por años en dicha repartición, inacción que ha generado molestia de parte de las comunidades.

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