Financiamiento: el problema que llevó a dirigentes regionales de los Cosoc hasta La Moneda

Junto al diputado Bernardo Berger y el Subsecretario de Desarrollo Regional Felipe Salaberry, debatieron cómo perfeccionar la ley 20.500 que dio pie a la creación de los consejeros de la sociedad civil.

Los Consejos de la Sociedad Civil (Cosoc) han tenido desde su nacimiento una piedra del zapato: La ley 20.500 que los creó, no consideró el financiamiento. Con esa premisa en mente, y en Santiago, se reunió el diputado Bernardo Berger con el subsecretario de Desarrollo Regional Felipe Salaberry junto a los máximos directivos nacionales de Chile Cosoc y de la directiva regional de Los Ríos.

Lo anterior, en el marco del trabajo conjunto que vienen desarrollando en los Ríos los representantes de la Sociedad Civil y el legislador de la comisión de gobierno interior, cuyo primer capítulo se produjo hace unas semanas con la presentación de un proyecto de ley que busca precisamente garantizar a los Cosoc el debido financiamiento para participar de las actividades a las cuales son convocados por los diversos organismos de la administración del Estado

Primero en el ex Congreso Nacional, la directiva regional integrada por su presidente Santiago Guarda, analizaron el proyecto de resolución N° 652 presentado por Berger. A la cita concurrieron también desde Los Ríos Gloria Poblete (tesorera) y Guillermina Pedraza (secretaria), y desde la directiva nacional de Chilecosoc, sus vicepresidentes Daniel Oyarzún y Alejandro Jimenez.

“Nos interesa avanzar en un doble matiz. Primero intercambiar las percepciones de los Cosoc en general en Chile, pero también dar un énfasis especial a la visión desde las regiones, y en ese sentido quiero agradecer a Santiago Guarda y su directiva, para partir de este primer proyecto y enriquecer una serie de nuevas iniciativas que esperamos presentar éste y el próximo año”, manifestó Berger.

Terminada la reunión en el ex Congreso, el grupo se trasladó hasta las oficinas del titular de la Subdere en el Palacio de La Moneda, de quien se busca obtener el compromiso del Ejecutivo para poder patrocinar el proyecto de Berger o para generar uno propio teniendo como base las propuestas nacidas entre el legislador y los Cosoc.

En esta línea, Guarda comentó que “de todo lo que hemos logrado avanzar en esta ley que se creó en el año 2011, hoy día creo que hemos logrado avanzar cien pasos con este apoyo que le ha estado dando el diputado; creo que la reunión fue bastante interesante, sobretodo la entrevista que tuvimos con el subsecretario Salaberry, porque él vio la necesidad que tenemos, ya que esta ley nació sin presupuesto”.

En la oportunidad también se analizó el proyecto de resolución N° 442, que va en una línea similar al anterior, y que busca otorgar a dirigentes comunitarios protección ante accidentes y el reembolso de gastos de traslados devengados de convocatorias de programas y actividades gubernamentales.

Sobre la mesa

El único proyecto sobre la mesa para discutir el financiamiento de los Cosoc, presentado a inicios de julio por Berger, de ser aprobado y patrocinado por el Ejecutivo podría permitir, por ejemplo, el reembolso de los gastos en que incurren los consejeros sociales a la hora de trasladarse a las reuniones y encuentros a los que son convocados –tales como pasajes y alimentación-, y que en la actualidad salen del bolsillo personal pese a no recibir salario por ejercer este tipo de cargo.

Al respecto, Berger indicó que desde la Ley 20.500 que dio pie a la creación de los Consejos de la Sociedad Civil, éstos han sido instrumentos relevantes a la hora de promover la participación en la toma de decisiones. Sin embargo, tienen un “problema grave” y es que no considera el financiamiento para que puedan cumplir los compromisos a los que son convocados.

“Actualmente aquellas personas que integran los Cosoc deben costear por sí mismos los gastos de traslado para asistir a las distintas convocatorias y actividades realizadas por las organizaciones gubernamentales, lo que claramente es un contrasentido y un problema grave pues los invitamos a representar a la ciudadanía, les exigimos cumplir, pero no garantizamos las condiciones mínimas para que ello ocurra, como por ejemplo cubrir los gastos de traslación”, explicó el legislador por Los Ríos y miembro de la comisión de Gobierno interior del parlamento.

“Por eso este proyecto lo que hace, es poner sobre la mesa una de las debilidades más grandes de la Ley 20.500, asegurando el acompañamiento financiero, de forma tal que la obligación que le imponemos a nuestros representantes sociales no termine lesionada por estar desvestida de recursos básicos”, sostuvo.